El 29 de diciembre de 2009 el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, presentó en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional el “Acuerdo para una Política de Seguridad Democrática”, al que adhirieron numerosos dirigentes políticos y sociales de nuestro país. (v. http://www.cels.org.ar/ )Ese documento me parece –lisa y llanamente- un mamarracho y con él, los políticos y dirigentes que lo firmaron demuestran una vez más que están a cien años luz de lo que sufren, de lo que piensan, de lo que necesitan y de lo que esperan de ellos sus votantes y sus conciudadanos.
Yo no creo que alguien salga a robar porque tenga hambre o salga a matar porque no tenga trabajo.
El que mata, mata porque es un asesino y el que roba, roba porque es un ladrón.
He conocido y conozco mucha gente con hambre y sin trabajo que no sale ni a matar ni a robar.
Yo no digo que hay que resignarse al hambre, al desempleo o a la pobreza. Lo que yo digo es que nadie tiene que tener ni hambre, ni pobreza ni desempleo en un país como el nuestro; pero que, no obstante, no puede justificarse ni el delito ni la violencia ni en el hambre, ni en el desempleo ni en la pobreza.
Conozco a muchos que, ante la desesperación, optaron por microemprendimientos, por trabajos alternativos o por reciclado urbano. Nunca pensaron ni en matar ni en robar.
Por eso no creo en las soluciones políticas de los delitos comunes, porque –precisamente- son eso: delitos comunes.
Iniciativas como esta de la Ortodoxia Progresista, no hacen más que hacerle el caldo orégano a la Derecha más reaccionaria y fundamentalista.
Lo malo es que detrás de estas iniciativas presuntamente humanistas y democratizantes se pliegan, por vergüenza condicionante, numerosos dirigentes que no se sentarían a consensuar absolutamente nada con la Ortodoxia Progresista.
El delito hoy es una cuestión de Estado, y es el Estado el que debe conducir las acciones que neutralicen, eviten y combatan el delito.
Nadie discute que el combate contra el delito y los delincuentes debe darse dentro del marco de la ley; pero también, con todo el peso de la ley.
Debemos dejar de “interpretar” las leyes y dejar de hacer decir a las leyes lo que el legislador no dijo y comenzar a “aplicar” las leyes tal cual están escritas.
Debemos tener más penas de cumplimiento real. La gente común no entiende por qué en la Argentina las condenas “perpetuas” se cumplen con 5 o 6 años de prisión.
En cualquier país civilizado en el que se hable castellano y se aplique la Gramática de la Real Academia Española, “perpetuo” quiere decir, literalmente, “1. adj. Que dura y permanece para siempre”.
¿Cómo van a explicar los firmantes de este esplendoroso documento su concepción teórica e ideológica sobre el delito a los padres, los hijos y los esposos de las próximas víctimas que, inexorablemente, van a caer abatidas en las próximas horas, días y meses en nuestro país?.
Espero que tengan la valentía de presentarse con ese esplendoroso documento en la mano en todos los velatorios y en todos los entierros que van a producirse. Espero que se presenten en todos los velatorios y en todos los entierros con la misma valentía y con la misma frescura con las que adhirieron a esta creación inoperante, torpe y fraccionaria de la Ortodoxia Progresista.
La Ley, la Política y la Justicia deben estar del lado de la gente decente, de la gente trabajadora, y deben dejar bien en claro, siempre, quién es la víctima y quién es el delincuente.
El delincuente es, por definición, el victimario y la víctima es, también por definición, el objetivo de la agresión dolosa del delincuente.
Toda redefinición de los términos alejará, aún más todavía, a la gente común de la Ley, de la Política y de la Justicia. Y eso es muy malo, porque la gente común, la gente decente, la gente trabajadora, es la gran mayoría de nuestro país, y será –entonces- la gran mayoría de hombres y mujeres de bien quienes, más temprano que tarde, se encargarán de ajusticiar en las urnas a todos aquellos políticos, dirigentes y hombres de estado que parecen haber optado por el delincuente, por el victimario y por el marginal.
Con la firma de este esplendoroso documento sus firmantes vuelven a demostrar que actúan por reacción espasmódica, sin planificación y tan sólo para la foto. No por nada, durante el acto de firma, el Presidente del CELS, Horacio Verbitsky expresó: “Esta debe ser la foto más buscada de la Argentina” (sic).
Vuelven a demostrar actuación, pero sólo actuación en el sentido teatral de la palabra, actuación para la galería, para el aplauso de los que gustan de estas puestas en escena tan propias del Progresismo Ortodoxo.
La solución del delito siempre es democrática, porque la Justicia es un Poder de la Democracia y la Policía, cuando hace bien y profesionalmente su trabajo, es un instrumento del Poder Ejecutivo que es otro Poder de la Democracia.
La solución a la problemática del delito y de la inseguridad no puede ser ni de derecha ni de izquierda. Un problema de semejante magnitud no se arregla ni con mano dura ni con mano blanda, sino con “mano justa”.
A la gente común, a los argentinos y a las argentinas de a pie, nos afectan los delitos comunes, los de todos los días, los que sufrimos en la esquina de nuestra propia casa, cuando una ladrona de 15 años con un bebé en una mochila nos pide todo lo que tenemos encima a punta de navaja. Hace muy poco nomás, el 13 de enero pasado (2010) una ladrona de 20 años, embarazada de cuatro meses, mató a sangre fría en San Fernando a un hombre al que estaba robando con la complicidad de su marido de 23.
Para la gente común, para los argentinos y las argentinas de a pie, el crimen organizado, las “redes delictivas” de las que tanto habla el esplendoroso documento del CELS) es una especie de culebrón mediático, con personajes distantes y argumentos escritos por autores de muy alto nivel.
A la gente común, a los argentinos y las argentinas de a pie, nos preocupa –principalmente- el “crimen desorganizado”, el delito cotidiano, el que nos hace sentir inseguros en la calle, en el subte, en el colectivo y en el parque cuando salimos a pasear a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros perros.
La gente común, los argentinos y las argentinas de a pie, ya no queremos más sentir esa sensación de desprotección, ese estado de indefensión que sentimos ante el crimen impune, ante la sensación de que los libres son los delincuentes y los presos somos nosotros, los que tenemos que acordarnos de salir sin la alianza de oro, sin el celular y sin las tarjetas de débito para que no nos lleven a un cajero y nos terminen sacando lo poco que tenemos.
Estoy absolutamente de acuerdo con que el problema de la Inseguridad en nuestro país, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, debe ser resuelto de inmediato; pero la solución no puede ser dilatada ni un minuto más. Mientras seguimos discutiendo, consensando, planteando escenarios y preguntando y prenguntándolo todo a todos todo el tiempo, nos seguirán matando uno a uno hasta que ninguno de los hombres y mujeres de bien quedemos vivos.
El esplendoroso documento del CELS se preocupa demasiado por la exclusión y la violencia que dominan el debate, pero se hace poco problema por la exclusión que sentimos los que nos sentimos excluidos de la vida segura y por la violencia que sentimos los que somos arrebatados, amenazados, robados y golpeados todos los días al salir de nuestros trabajos decentes, constructivos y productivos.
Nadie quiere medidas abusivas, sólo queremos medidas logísticamente planificadas, rápidas, justas y eficaces que pongan fin, de una vez por todas, a la violencia.
No creo, en lo personal, y de ninguna manera, que –tal como dice el documento del CELS- la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se haya limitado a respuestas facilistas y autoritarias. De ninguna manera. Lejos de adoptar una política autoritaria frente a la violencia que sufrimos los ciudadanos y las ciudadanas de bien, los estados nacional y provinciales de nuestro país se han limitado al más vergonzoso, evidente y aberrante “laisseferismo”, un verdadero Populismo Penal, en materia de persecución, previsión y combate del delito.
La Policía, la buena Policía de ella hablo, no ha sido dotada de los recursos suficientes para combatir el delito de manera profesional, orgánica y eficiente. Algunos elementos de la Justicia, por su parte, se conduelen demasiado de la desventura social de los victimarios y ponen en peligro la vida de los hombres y mujeres de bien, que –por lo general- volvemos a ser víctimas de los mismos victimarios que, salidos una y otra vez de la cárcel, vuelven a cometer los mismos delitos con la misma impunidad, con la misma saña y sin el menor remordimiento.
La opción maniquea que plantea el esplendoroso documento del CELS entre “mano dura” y “mano blanda”, al más puro estilo del Progresismo Ortodoxo, no hace más que fortalecer las garantías de los victimarios y debilitar las garantías de las víctimas y de las futuras víctimas, las cuales –en potencia- podemos ser todos y cualquiera de nosotros.
El documento, se queja de que la Seguridad haya sido delegada en las Policías. Pregunto yo, ¿quién sino la Policía es la encargada en las sociedades civilizadas de cuidar a los ciudadanos trabajadores, decentes y honrados de los que no lo son?.
Nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de bien no entendemos nada de encarcelamientos masivos, ni de prisiones preventivas, ni de ningún otro detalle del procedimiento penal. Lo único que vemos es que los victimarios entran por una puerta y salen por la otra y son protegidos por innumerables asociaciones e instituciones, mientras nosotros, los hombres y mujeres de bien, pasamos horas haciendo denuncias sin ningún resultado y velando y enterrando a nuestros hijos, hermanos, padres y parejas.
El esplendoroso documento del CELS demuestra un innecesario rechazo por todo lo policial, por los funcionarios públicos y por todo lo que de legalidad pueda provenir del Estado políticamente organizado. Son torpes los firmantes, porque la mayoría de ellos son políticos y son, precisamente, los que de alguna manera o de otra forman parte del mismo Estado que critican.
NO es malo ser funcionario público. Lo malo, mis queridos amigos del CELS, es ser un mal funcionario público. Sin funcionarios públicos no hay Estado, sin Estado no hay orden y sin orden no hay progreso. O acaso los mismos progresistas ortodoxos no saben que, precisamente “orden y progreso” ha sido la premisa que ha llevado al Brasil, país gobernado por su admirado Lula, al tope más alto del concierto internacional, aún junto a los países centrales.
Coincido, por supuesto, en que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. Y también es cierto que debe ser el propio Estado el que debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Pero no menos cierto tampoco es que las “redes de criminalidad” que tanto preocupan a los redactores del documento del CELS no son las que, mayormente se ocupan de tirar del tren a los argentinos y argentinas de bien, ni de robarles los celulares, ni las billeteras, ni las zapatillas, ni las bicicletas a nuestros hijos en la propia esquina de nuestras casas.
Esos son delincuentes comunes y silvestres, que nada tienen que ver ni con el crimen organizado, esas “redes” de las que habla del documento, ni con la connivencia de ningún funcionario de ninguna parte del Estado. Tampoco, tiene que ver con la pobreza, ni con el hambre ni con la falta de trabajo como ya lo he dicho. De eso estoy seguro.
Por supuesto que estoy de acuerdo con que los recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos. Eso no es novedad y lamento que los redactores del documento del CELS hayan escrito esa premisa como si fuera el mismísimo descubrimiento de la piedra filosofal. Esos principios políticos y doctrinarios ya fueron elaborados por los pensadores y activistas socialistas de principios del siglo XX y fueron llevados a la práctica por Perón y Eva Perón a partir de 1946.
Pero repito, y repetiré hasta el cansancio, que ninguna desigualdad, ninguna desgracia de la vida, ninguna iniquidad ni social ni de ninguna otra especie, puede llevar a un ser humano a matar a otro ser humano, ni a robarlo, ni a amenazarlo, ni a nada que lleve a ese otro ser humano a vivir desgraciado o infeliz.
Por supuesto que yo también quiero una gestión democrática de las instituciones de seguridad. Por supuesto que queremos a los mejores al frente de la Seguridad Pública argentina en todos sus distritos y que esos mejores lleguen a sus puestos por los mejores mecanismos de selección y con los mejores antecedentes.
Pero de ninguna manera podemos pretender que cada decisión de los jueces, cada decisión de los policías decentes y profesionales, sea permanentemente revisada por una instancia política o por una alternativa que ponga en tela de juicio constante el accionar judicial o policial.
El documento siente un evidente rechazo por aquello que sus redactores llaman “estados mayores policiales”. Pero, ¿de qué manera sino a través de estados mayores profesionalizados, eficaces y coordinados puede ponerse fin a una situación generalizada de violencia tan lamentable como la que estamos padeciendo?. Los estados mayores sirven para coordinar, para ordenar, para dotar de mayor eficacia a las acciones de prevención, de combate y de castigo del delito y de los delincuentes.
Repito y repetiré una y otra vez hasta el cansancio. Los delincuentes son los victimarios y las victimas son el objeto de la agresión dolosa de los victimarios. Ninguno de nosotros tiene que pagar por lo que el Estado, la vida o la familia de los delincuentes no hicieron por ellos.
Los argentinos y las argentinas de bien no tenemos la culpa de nada. Lo único que hacemos todos los días es levantarnos para ir a trabajar, para producir, para conseguir un mayor bienestar para nosotros y para nuestras familias. No trabajamos para ofender o herir psicológicamente a los que no tienen trabajo. Esa idea del Progresismo Ortodoxo de que la prosperidad ofende al careciente, no hace más que ahondar el resentimiento y la revancha, multiplicar el delito y profundizar la brecha entre los que tenemos poco y los que no tienen nada.
Documentos como el del CELS, ideas como las que sus redactores expresan, generan acciones que –sin dudas- se pagarán muy caro en el futuro. La lástima es que sus redactores siempre tendrán cargos muy altos, con custodias bien pagas por el mismo Estado que critican o becas o puestos diplomáticos en el extranjero con lo que podrán quedar siempre a salvo de la delincuencia que no hace más que multiplicarse en proporciones geométricas.
Y la lástima peor, es que los argentinos y las argentinas de bien, los trabajadores y las trabajadoras que paciente y mansamente vamos de casa al trabajo y del trabajo a casa, los que no tendremos puestos diplomáticos ni becas en el extranjero ni custodias, seguiremos siendo matados, uno por uno, uno tras otro, en cada calle, en cada esquina y en cada tren de la Ciudad de Buenos Aires o del Conurbano Bonaerense.
Nadie discute, y yo menos que nadie por cierto, que es necesario desactivar las redes del delito como dice el documento. Pero tampoco hay que descuidar o menospreciar o ver con indulgencia y permisividad los “pequeños delitos” cometidos por los autores más jóvenes. Ambos extremos del delito deben ser igualmente evitados, neutralizados y castigados.
Mal que le pese a los redactores del esplendoroso documento del CELS, persiguiendo a los “pequeños delitos” como ellos los llaman, minimizándolos como si no fueran igualmente delitos, también se combate a la delincuencia generalizada que impunemente se moviliza por el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
Para nosotros, para los argentinos y las argentinas de bien, no hay delitos pequeños y delitos grandes, hay simplemente delitos. Las demás evaluaciones las deben hacer los magistrados de acuerdo a las pruebas que puedan instruirse. Cualquier otra valoración sobre la mesura o las intencionalidades de los delitos, realizadas por cualquier otro actor social, sea político, institucional o el que sea, no hacen sino complicar aún más el ya complicadísimo panorama.
Otro de los lamentables errores de este esplendoroso documento es presuponer, ab initio, que la acción policial es siempre violenta, y que los policías deben ser vigilados para que no den rienda suelta a sus bajos instintos de violencia y maldad.
La Policía, per se, no es ni violenta ni no violenta. Los policías son personas y como tales, los hay violentos y los hay pacíficos y negociadores. Entonces, por supuesto que tampoco negamos la necesidad de alejar de nuestras instituciones policiales a todos aquellos oficiales que usen la violencia como única herramienta de persuasión.
Pero atención, también el esplendoroso documento del CELS tendría que haber tenido en cuenta la violencia que han alcanzado las protestas callejeras, la prepotencia de algunos dirigentes que hay elegido la victimización y la extorsión como herramienta de reclamo y de visibilidad mediática.
Mientras un oficial de policía debe enfrentar la violencia a cara descubierta, con pertrechos escasos y con su chapa de identificación visible en su pecho, su contraparte lleva la cara tapada y lleva un escribano a sueldo de la Izquierda “neurótica” tomando nota de cualquier agresión que suceda para iniciar acciones legales y mediáticas en contra de la Policía, en contra del orden y en contra de cualquier ciudadano que quiera llegar a su trabajo o volver a su casa y se ponga violento con los manifestantes, de los que ya somos prácticamente rehenes.
Lamento profundamente que los redactores del esplendoroso documento lean la realidad con un ojo solo, con el ojo parcial de los que llevan a la realidad para el molino de la demagogia. El documento dice: “Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario, y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios”. Lo lamento profundamente, porque pone todo su énfasis en enmarcar, condicionar, controlar e investigar permanentemente a la Policía, pero nada dice de su contraparte callejera, que por lo general ya no está haciendo uso de ninguna fuerza proporcional, ni subsidiaria, ni sujeta a ningún criterio de racionalidad.
Lamento profundamente, también, que los redactores del esplendoroso documento del CELS denuncien alegremente –y sólo otra vez “para la galería” como se dice en teatro- la existencia de torturas y violencia reiterada y contumaz en todas nuestras cárceles.
Estoy absolutamente en contra de cualquier forma de tortura y de violencia, tanto fuera como dentro de las cárceles. Lo malo es que ellos, los redactores, y también los compungidos firmantes, que son hombres y mujeres con llegada a los medios, a la Justicia, al poder y a los organismos internacionales, no se presenten de inmediato a la Justicia para poner fin a todos los atropellos e iniquidades que denuncian.
Por supuesto que la tortura es un delito grave que no puede ser admitido bajo ningún punto de vista.
Pero denunciar la tortura al pasar, sin hacer nada más que sacarse una foto firmando un esplendoroso documento, es tan grave como torturar. En el derecho se puede ser culpable por acción, pero también se puede ser culpable por omisión.
Lo digo, lo he dicho y lo repetiré hasta el cansancio. Nadie discute que debemos procurar nuestra seguridad en el marco de las más absolutas garantías democráticas, todas las contenidas en el estado social y constitucional de Derecho.
Pero también es cierto que la solución a la problemática del delito debe darse dentro del marco del Derecho y con la acción conciente, valiente y profesional de nuestros tribunales. En ellos depositamos nuestra confianza y nuestras vidas los ciudadanos y ciudadanas de bien de nuestro país.
No me parece, en lo personal, que nos falten leyes. Las leyes están y están para ser cumplidas y para que el poder político y el Poder Judicial velen en forma permanente por su aplicación y por su cumplimiento.
Sacar la judicialidad del delito de los marcos naturales del Derecho, es recorrer un camino demasiado sinuoso y de desenlace incierto.
Politizar todo el tiempo el debate según los aires que soplen sobre el Poder Ejecutivo de turno o las modas políticas o ideológicas de una época, no hacen más que alejarnos cada día un poco más de la Seguridad Jurídica que tanto necesitamos y que tanto añoramos los argentinos y las argentinas de bien.
Nosotros los hombres y mujeres decentes y de trabajo, tenemos una intuición muy clara de lo que nos hace bien y de lo que nos hace mal; y lamentamos, cuando nuestros líderes pierden contacto con nuestros miedos personales y nuestras necesidades ciudadanas.
Esa es la sensación que sentimos los argentinos y las argentinas de bien: que muchos de nuestros líderes nos han abandonado. Que muchos de nuestros líderes están más preocupados por construir poder que por construir bienestar. Que están más preocupados por conseguir una foto que por conseguir condiciones de vida más dignas y más prósperas para todos nosotros, aún para los que no tenemos la culpa de haber nacido en un hogar trabajador, de haber ido a la escuela, de haber comido todos los días y de haber querido progresar un poco en nuestra vida.
Serrat, un artista que yo respeto y admiro profundamente, pero que sobre todo es “mito insignia” de la ortodoxia progresista dice en una de sus canciones más conocidas que “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.
Tomando esas maravillosas palabras de Serrat quiero terminar diciendo, para que quede claro, que el delito ya no es una sensación. Es una realidad. Es una verdad.
Lo importante es que nuestros líderes, aún los redactores y los firmantes del esplendoroso documento del CELS, tengan en cuenta que esta triste verdad de violencia y de inseguridad que estamos viviendo los argentinos y las argentinas de bien, debe encontrar su justo y urgente remedio; y que la solución debe ser hallada de manera democrática, justa y jurídica, pero también con los policías de bien, con los que hacen profesionalmente su trabajo, aún en condiciones vergonzantes, limitadas y mal remuneradas.
Cualquier solución parcial a este problema. Cualquier solución guiada por la revancha política o el resentimiento ideológico no va a llevarnos a nada bueno, a nada constructivo ni a nada duradero. Sólo a más inseguridad. Sólo a más dolor. Sólo a más revancha y sólo a niveles de resentimiento mayor.
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